GEOPOLITICA PENAL LATINOAMERICANA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

DECANATO DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y POSTGRADO

SAN JOAQUÍN DE TURMERO - ESTADO ARAGUA

GEOPOLITICA PENAL LATINOAMERICANA

PROFESOR:

DOCTOR: BENNY MARQUEZ

INTEGRANTE

ABOGADO: JOSE MANUEL BARBOSA VELAR

C.I: 8.670.440

Resumen Geopolítica

En el presente informe se plantea todo lo referente a la geopolítica penal latinoamericana, proyectando la problemática y dando un enfoque a las políticas que presentan los estados de Latinoamérica, porque son ellos los protagonistas en los cambios que van a transformar y hacer valer la justicia en la lucha contra la delincuencia. En la búsqueda de bajar los índices delictivos en Latinoamérica y buscando resultados para prevenirlos, se están organizando para la creación de una corte penal latinoamericana y del caribe y que sería el principio de la unión para el control de los grupos que intentan cometer delitos más allá de las fronteras.

Geopolitical summary

In this report, everything related to Latin American criminal geopolitics is presented, projecting the problem and giving a focus to the policies presented by the Latin American states, because they are the protagonists in the changes that will transform and enforce justice in the fight against crime.  In the quest to lower crime rates in Latin America and searching results to prevent them, they are organizing for the creation of a Latin American and Caribbean criminal court and that would be the beginning of the union for the control of groups that try to commit crimes beyond of the borders

INTRODUCCION

   En el presente trabajo, se expondrá un análisis acerca de la GEOPOLITICA PENAL LATINOAMERICANA, con el objetivo de poner atención a problemáticas que se ha desarrollado en el transcurso del tiempo en los Estados, como son los casos de grupos delictivos y narcotraficantes, trata de personas, evasión de la justicia en el paso de fronteras, tala de árboles entre otros aspectos que se han convertido en un potencial riesgo para los Estados y sus habitantes.

   Lo que se busca es organizar más a los Estados miembros o no miembros de organizaciones, para prevenir y controlar los delitos. ¿Cómo controlar el delito? ¿Qué hacer como Estado garante de la justicia? Estas y otras interrogantes se harán saber en el transcurso de este trabajo. Se pretende dar más enfoque a la realización de una corte penal que intervenga en los delitos en Latinoamérica.

GEOPOLITICA PENAL LATINOAMERICANA

   Desde que el hombre dio sus primeros pasos sobre la Tierra, buscó sentirse seguro. Siendo   el más indefenso de los animales, su sobrevida dependía del abrigo, el calor y la comida que otros le daban. Había nacido débil y se hacía más humano en el contacto con otros animales humanos que lo protegían, lo alimentaban y lo vestían.

   Las tribus enfrentaban continuas amenazas de extinción, por catástrofes naturales o por hambrunas. Pero la amenaza más destructiva provenía del primordial dilema de seguridad, el ataque de otros que temían ser atacados. Aunque la guerra anticipatoria es el más avanzado recurso de la posmodernidad, la guerra preventiva es tan antigua como las estrellas. Todos atacaban previniendo ataques, escaseaba la comida pero la seguridad ya estaba allí presente. Antes que la seguridad de las personas, fue la seguridad de la comunidad primitiva. Afuera todo era incierto, adentro todo pretendía ser seguro. Varios siglos después todos nos sentimos inseguros, afuera y sobre todo adentro: los Estados, las sociedades y los individuos. Ya no es la guerra de todos contra todos, que tanto preocupó a Hobbes, pero no es aún la convivencia pacífica de todos con todos. Cuando el orden parece desmoronarse el caos es aún más difícil de descifrar.

   La idea de Estados homogéneos, contenedores de una sociedad nacional constructora de consensos e históricamente pura, está fracasando ante nuestros ojos. No todos somos iguales ante la ley y la ley no es la misma para todos. Nuevamente el problema es el Estado y el retorno de la eterna pregunta de la política ¿por qué obedecemos?. Cuando la ley del Estado pierde el carácter normalizador e invisible con que fuera originalmente concebida busca recuperar autoridad acentuando su carácter coactivo, penal y criminal. Maquiavelo explica el surgimiento del Estado como la epopeya de un príncipe vencedor tras haber obtenido una victoria duradera al fin de la guerra civil originaria, donde la distinción entre lo justo y lo injusto era borrosa e interesada. El Estado entra ahora nuevamente en guerra, como un actor criminal más. Sin ley, todo y nada es delito.

   Max Weber definió al Estado como “la comunidad humana que en un territorio determinado reclama para sí con éxito el monopolio legítimo de la violencia”. Afloran en la definición cuatro elementos constitutivos del Estado moderno: monopólico, territorial, coactivo y estable. Pueden mencionarse otros aspectos, como la comunidad humana o la legitimidad, de menor importancia para nuestro análisis, porque la comunidad humana hace referencia a la nación y constituye un ingrediente débil de la definición mientras la legitimidad no es un elemento esencial del Estado, el cual puede existir sin ser legítimo, como los Estados totalitarios o autoritarios. El concepto de monopólico se refiere al monopolio de la violencia, cuyo objetivo es constituir un poder político único sobre un territorio determinado, sólo un centro de poder hacia adentro, ningún otro poder desde afuera. Este monopolio constructor de soberanía justifica la existencia de la seguridad interior y de la defensa exterior.

   Territorial significa que este monopolio soberano de la violencia y del poder se ejerce en un territorio determinado, concreto y específico, demarcado por fronteras que separan el interior del exterior y tabican la sociedad nacional. Dentro de esa frontera se establece un territorio social liso, que no admite diferencias (un centro armado de poder, una moneda, una religión, un idioma, una historia nacional, una educación). Al exterior de esa frontera se alzan los otros Estados, siempre peligrosos, frente a los cuales la guerra es un recurso frecuente y fundante.

   La mención del carácter coactivo del Estado indica que la violencia es el mecanismo de constitución del territorio que permite la nivelación al interior y la independencia al exterior, la victoria duradera tras una guerra civil originaria. Esa victoria fue en un doble escenario: contra potencias extranjeras primero y contra sublevaciones interiores después. Las independencias latinoamericanas frente a los imperios europeos fueron sucedidas por guerras civiles contra poderes interiores. El carácter coactivo obtenido por el vencedor constituye al Estado y trae paz, mediante la distinción entre lo justo y lo injusto, imposible de dilucidar en la etapa de guerra de todos contra todos. El término estable se refiere al concepto originario de “stato”, el estatus medieval que se vinculaba con el poder del monarca (status regis) o con la situación del reino (status regni), consideraciones que luego pasan a concebirse como una concentración de poder separada y objetivada institucionalmente, lo que hoy conocemos como Estado.

   En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU dio un marco  institucional. Sin embargo, fueron muchísimas las fuerzas sociales que se movilizaron en este mismo sentido, entre ellas, el Movimiento Federalista Mundial, nacido en  1947 bajo la consigna “Paz mundial a través de un estado de derecho mundial”. La guerra de Corea y la división del mundo en dos grandes bloques postergaron la concreción de estos sueños, que llevaban directamente a la idea de una Justicia universal y la creación de tribunales que se ocuparan de su aplicación práctica. Pasaron décadas en las que la Guerra Fría hizo imposible todo paso adelante en este sentido; hasta que la caída del muro de Berlín y, desgraciadamente, las masacres de Ruanda y la Ex Yugoslavia llevaron a la comunidad internacional retomar la idea de tribunales internacionales necesarios para juzgar a quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad, como había sucedido en Núremberg después de la Segunda Guerra.

   Una vez que los tribunales ad hoc para Ruanda y la ExYugoslavia cumplieron su cometido, la idea de crear una corte permanente que no fuera un simple tribunal de los vencedores sobre los vencidos volvió a formar parte de la agenda política internacional. La participación de la sociedad civil y la voluntad de muchos gobiernos de países que compartían estos principios fueron el punto de partida de un largo proceso, en el cual la Coalición por la Corte Penal Internacional, un grupo que reúne hoy a 2.500 organizaciones gubernamentales de 150 países tuvo un rol decisivo.

   Latinoamérica no estuvo ajena. Muchos de sus gobiernos participaron activamente de la redacción Estatuto de Roma y adhirieron a él de forma inmediata, en tanto organizaciones de la sociedad civil de todo el continente participaban activamente del proceso. Desde su entrada en funcionamiento, en el año 2002, la Corte Penal Internacional ha cumplido un importante rol en el castigo a las violaciones de los derechos humanos, desempeñando además un rol contrario a la repetición de esos crímenes, que fueron particularmente graves en nuestra región durante los años Setenta y Ochenta, cuando el terrorismo de Estado causó miles de muertes y desapariciones. Sin embargo, basta mirar el panorama existente en nuestros países para observar que los mayores desafíos a los derechos humanos en nuestra región no provienen ya de organizaciones estatales ni de crímenes de carácter político como los definidos por el Estatuto de Roma, sino por crímenes cometidos por organizaciones de tipo mafioso. Estos grupos, que han adquirido escala regional, se especializan en delitos que no constituyen crímenes de lesa humanidad ya que sus objetivos no son políticos sino el afán de lucro. No puede aplicárseles, por lo tanto, el Estatuto de Roma. Sin embrago, desde la frontera de México con los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego, los crímenes cometidos contra la población por las organizaciones mafiosas constituyen la principal agresión a los derechos humanos de los ciudadanos latinoamericanos. Se trata de crímenes violentos organizados desde redes de narcotraficantes, como la trata de personas, el sometimiento a la esclavitud de mujeres para actos de comercio sexual y de migrantes para esclavitud laboral, así como el tráfico de armas y el lavado de activos, especialmente, el asociado a la corrupción política. Al triste récord de ser la región socialmente más desigual del mundo, Latinoamérica ha agregado el de ser la región con mayores niveles de violencia criminal del planeta.

   La situación en México, el crecimiento de las maras centroamericanas, la cooptación de vastos sectores de la política y del estado y el auge de la violencia criminal, el tráfico de armas, drogas y personas forzadas a la esclavitud laboral y sexual en el resto de los países configuran un problema regional de enormes repercusiones negativas en la vida de los ciudadanos latinoamericanos. Lenta, pero inexorablemente, la proliferación de grupos dedicados al crimen transnacionalmente organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región, en una amenaza para la democracia y en el principal freno a su desarrollo económico.

   Lamentablemente, los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica que supera las fronteras nacionales son los delincuentes. Redes de protección internacionales esconden en otros países a prófugos de la Justicia, sistemas de colaboración entre organizaciones criminales operan globalmente, existe ya un intercambio mundializado de información, drogas y armas, y las mafias interconectadas en la región y el mundo son estrategias concretas y en acto que reducen a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado. La violencia criminal y sus consecuencias sociales se han convertido hoy en parte central de la agenda política de nuestros países; las desigualdades en términos de seguridad, en el principal factor de discriminación social en la región; y el crimen organizado, en la más importante fuente de conflictos y la mayor amenaza a los Derechos Humanos.

   Frente a la proliferación de organizaciones criminales estructuradas regionalmente y con poderosas conexiones con sus similares de otros lugares del mundo como la mafia siciliana, la ndrangheta calabresa y las mafias rusas y chinas los mecanismos nacionales de seguridad se demuestran cada vez más insuficientes y subordinados a poderes políticos impotentes, cuando los corruptos y cómplices. En vez de constituir una ventaja en términos de eficiencia, la cercanía de los tribunales, fiscalías y fuerzas de seguridad nacionales respecto de los lugares en que se consuman los delitos los deja a merced de la corrupción y de las amenazas del crimen organizado, limitando su esfera de actuación a la persecución de la criminalidad menor, sin posibilidad ninguna de impulsar el desguace de las organizaciones criminales mediante el encarcelamiento de sus dirigentes y la confiscación de sus bienes. El problema de la criminalidad organizada no es un problema nacional, sino regional. Los problemas regionales requieren políticas regionales. Y las políticas regionales requieren instituciones regionales para no quedar a merced de los desequilibrios de poder entre las naciones y las consecuentes arbitrariedades internacionales, ni de la inoperancia de los poderes estatales localizados. Por su índole frecuentemente internacional y transnacional, casi todos los delitos que cometen las organizaciones criminales están comprendidos en la Convención de la ONU contra el Crimen Transnacional Organizado, o Convención de Palermo; un compromiso firmado por todos los países de la región que obliga a sus gobiernos a perseguir estos crímenes y castigar a sus ejecutores.

Geopolitica de la seguridad

   La historia nos enseña que en la vida de los países hay errores caros provocados a veces por la ignorancia, a veces por la arrogancia y a veces por la mala suerte. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los errores son el resultado de una falta de prospectiva. En una época rápidamente cambiante como la nuestra, la prospectiva suele considerarse un lujo. Los gobiernos, en particular, tienden a centrarse en urgencias de corto plazo que son producto de las encuestas, las tasas de interés, los conflictos, las necesidades sociales, los precios de las materias primas o los desastres naturales. En tiempos normales, es poco probable que los representantes elegidos dejen de centrarse en éstas demandas para tener en cuenta riesgos o tendencias de largo plazo que podrían tener un impacto en la generación siguiente. Sin embargo, no vivimos en tiempos normales.

   La teoría planteada por la geopolítica de la seguridad se refiere a la mejora de los indicadores de estatalidad del Estado y también a las determinaciones que el territorio ejerce sobre las personas y las comunidades, liberándolas de la presión criminalizada del Estado y construyendo una ética territorial de derechos. Es sabido que la seguridad tiene dos dimensiones, la dimensión objetiva y tangible, de la que normalmente existen indicadores cuantificables; y la dimensión subjetiva, vinculada a percepciones sobre la posibilidad o riesgo de ser víctima de algún delito y que por su misma razón de ser es difícil de cuantificar.

   Los diversos niveles de criminalidad, entendidos como mediciones estadísticas de conductas observables, son un dato objetivo, al igual que otras variables contextuales como la vulnerabilidad social, la falta de vínculos familiares, las agresiones no delictivas o la incertidumbre frente al futuro. La percepción de inseguridad es el aspecto opuesto, referido a cómo se construye subjetivamente la realidad, en base a información, propaganda e ideología. La brecha entre ambas dimensiones se profundiza en las sociedades latinoamericanas, con una población que se siente crecientemente insegura en contextos de inseguridad cambiantes. La seguridad no se refiere simplemente a indicadores de crímenes, sus consecuencias, su contexto y sus percepciones, sino que va mucho más allá de estas variables objetivas y subjetivas, abarcando una problemática compleja, amplia y multidimensional.

   Esto implica la necesidad de establecer una diferencia entre la política criminal, que siempre trabaja con el delito, y las políticas de seguridad que tienen un ámbito de acción, especialmente en lo preventivo o disuasivo, que puede estar vinculado a conductas no calificadas como delitos. Lo que llamamos fenómeno criminal o criminalidad no es una realidad natural sino el entrecruzamiento de fenómenos culturales (conflictividad) y políticas estatales (procesos criminales).

   Desde la vieja escuela clásica de César Beccaria hasta hoy se ha colocado al orden y la ley como sinónimos y como paradigmas dominantes del funcionamiento de una sociedad a la que se terminó denominando Estado de derecho. Según esta visión, todo conflicto implicaba un "desorden", una anormalidad, convirtiendo al fenómeno criminal en una desviación social o un desequilibrio del orden social. En consecuencia toda política de seguridad debe buscar el restablecimiento del "orden" perdido. Mediante esta concepción la criminología clásica y positivista justifica el nacimiento moderno de las fuerzas policiales como encarnación del monopolio legítimo de la violencia. Esta ecuación, llena de falsedades, sustentó con mucha simpleza e ineficacia las políticas de seguridad, suponiendo que la sociedad es ordenada y que la normalidad es un bien universal, afirmaciones que la geopolítica de la seguridad desmiente.

   La territorialidad es el principal componente de los análisis de seguridad, dentro de los cuales los insumos cuantitativos son un instrumento imprescindible para la comprensión de la realidad, pero no la definen automáticamente. En términos de seguridad la realidad debe ser significada mediante la incorporación de la dimensión territorial, o sea geopolítica. Los homicidios, vistos dentro de un panorama completo de seguridad que incluya todas las problemáticas, son parte de una territorialidad que circula permanentemente ida y vuelta entre Estado y sociedad, o sea entre las instituciones de seguridad y las organizaciones criminales. No hay delito sin Estado pero si hay Estado no hay delito. Recuperar la estatalidad mediante la ocupación del territorio aumenta la seguridad y mejora los indicadores, en una región donde sólo el 1.6% del territorio urbano está perdido. Es poco territorio, pero es mucha territorialidad.

   La violencia en América Latina no es un relato simple y acumulativo sino la expresión de una región de desarrollo intermedio, fronteriza con Estados Unidos, donde se encuentran dos potencias emergentes (Brasil y México), llena de desigualdades y pujas por la distribución de la renta.

   Los antecedentes, especialmente intelectuales, de la integración regional en Latinoamérica, se remontan al siglo XIX. En la primera mitad del siglo XX hubo una serie de intentos relevantes en los países de Centroamérica. Pero una de las etapas de mayor impulso de la integración se dio luego de la segunda posguerra. Para recorrer las distintas organizaciones que se han creado, con sus distintas etapas, las clasificaremos en tres grupos: organizaciones de integración a nivel regional, a nivel subregional y acuerdos entre países, o grupos de países, de la región y otros países o áreas. Con respecto al primer grupo de la clasificación, encontramos que en 1960 se funda una organización de amplio alcance que fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc). Esta asociación, a través de su sucesora, la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), concretada en 1980, se encuentra activa al día de hoy. En 1975, asimismo, se crea el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). En cuanto a las instituciones subregionales y luego de una serie de antecedentes previos, en 1951 se crea la Organización de Estados Centroamericanos (Odeca), seguida en los años sesenta por el Secretariado Centroamericano para la Integración Económica (Sieca). Posteriormente, / Marcelo F. Resico |  Procesos de integración en Latinoamérica capa. Sistema de Integración Centroamericana (SICA) se constituye en la organización económica, cultural y política de los Estados de Centroamérica desde su inicio en 1993.

   En los años que van de 1965 a 1972 funciona la Asociación de Caribeña de Libre Comercio (Carifta), que fue sucedida por la actualmente vigente Comunidad del Caribe (Caricom), establecida a partir de 1973. En el Cono Sur se funda en el año 1969 el Pacto Andino, que se relanzaría con un nuevo nombre, Comunidad Andina de Naciones (CAN), a partir de 1996. A partir de un acuerdo de Cooperación Económica Argentina-Brasil de 1985 se sientan los antecedentes de lo que sería el Mercosur, establecido formalmente a partir de 1991. En el año 2001 se da lugar a la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). En el año 2000 comienzan las tratativas para una unificación de los procesos de integración en el Cono Sur, CAN y Mercosur, que darán lugar a la Unasur en 2008, cuyo antecedente es la Declaración de Cuzco (2004), que establece la creación de la Unión de Naciones de América del Sur.

   Con respecto a las relaciones entre Latinoamérica y otros países o regiones, luego de una serie de antecedentes en la relación entre Latinoamérica y el Caribe y la Comunidad Europea se estableció la institución de las Cumbres UE-Latinoamérica y Caribe (UE-LAC), de las cuales la primera se celebró en Río de Janeiro en 1999. Asimismo, las relaciones económicas entre la UE y los países de Latinoamérica se basan en una serie de acuerdos ya sea bilateral o regional. En el año 1994 se establece un acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado TCLAN o Nafta. A partir de entonces se desarrollan una serie de tratados de libre comercio entre Estados Unidos y otros países de Latinoamérica como Chile 2003, el denominado CAFTA- RD en 2007, Colombia y Perú en 2007. A partir del año 1991, asimismo, se realiza la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que dio lugar a la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

   En el desarrollo pasado y presente de estas formas de integración en América Latina y el Caribe es importante destacar la capacidad y el potencial para generar entre los países participantes una relativa confianza recíproca, reglas comunes, redes sociales y empresarias con intereses y símbolos comunes. También han abarcado el diseño de estrategias para la obtención de ganancias mutuas en términos de comercio de bienes y servicios, de inversiones productivas e incorporación de progreso técnico. Finalmente, estos procesos implican la construcción de un espacio geográfico regional en el que predominen condiciones para la paz y la estabilidad política, la democracia y la cohesión social, la transformación productiva y la inserción competitiva en la economía internacional compatible con los compromisos asumidos en el ámbito más amplio del sistema jurídico GATT-OMC.

   Los procesos de integración latinoamericanos han sufrido en su historia una serie de desafíos debido muchas veces a asimetrías de grados de desarrollo entre países y áreas, así como a cambiantes situaciones internas y externas. Sin embargo, parece existir consenso en cuanto a que existe un capital acumulado en cuanto a percibir los procesos de integración como factor importante de una gobernabilidad para el predominio de la paz y el desarrollo en un determinado espacio geográfico. Uno de los desafíos más importantes a partir de la necesidad de adaptar en forma constante objetivos e instrumentos debido a realidades cambiantes es, desde el punto de vista de la ESM, el de preservar un cierto grado de previsibilidad en torno a las reglas del juego y disciplinas colectivas que se puedan cumplir.

  Es por estas razones y en este marco que, del mismo ámbito de las ONGs interesadas en la construcción de instituciones jurídicas que aseguren la paz y el estado de derecho a nivel global, ha surgido una propuesta novedosa e innovadora: la creación de una CORTE PENAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO (COPLA) podría ser efectiva en la persecución de aquellos delitos que se organizan y ejecutan transnacionalmente. Su existencia no significaría, en ningún sentido, una limitación a las soberanías nacionales ni a los poderes de los gobiernos latinoamericanos. Por el contrario, su éxito reforzaría los poderes de gobiernos nacionales hoy erosionados por redes criminales sobre las que están perdiendo progresivamente el control, y mejoraría la capacidad de autonomía y autodeterminación de Latinoamérica y de sus ciudadanos.

   Es precisamente por el espacio abierto por la actual ineficiencia de los gobiernos latinoamericanos para lidiar con la criminalidad organizada, especialmente en lo referido al tráfico de drogas, por donde se cuela la intervención de agencias extraregionales. En cambio, la constitución de la COPLA reforzaría la capacidad de la región para manejar por sí misma sus propios problemas y establecería un límite a las injerencias extraregionales en esta y otras cuestiones. Por otra parte, como ha demostrado el proceso de creación de la Corte Penal Internacional, casi todas las constituciones y gobiernos latinoamericanos reconocen el derecho público internacional como parte de su corpus de obligaciones.

   La creación de la COPLA debería ubicarse en ese mismo contexto jurídico, reforzado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada y los protocolos de Palermo, a las que nuestros países han adherido. La campaña para la creación de una CORTE PENAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO (COPLA) lleva ya cuatro años de desarrollo. Organizada e impulsada desde una pequeña organización no gubernamental basada en Buenos Aires, Democracia Global, ha alcanzado importantes logros. Entre ellas, dos resoluciones parlamentarias unánimes firmadas por todas las fuerzas políticas argentinas a favor de su creación y la campaña que la sostiene, y la adhesión de importantes personajes de la política nacional; entre ellos, muchos pertenecientes al gobierno como la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti; los de ministros de Justicia y Seguridad German Garavano y Patricia Bullrich; y la directora de la oficina anticorrupción Laura Alonso, además de varios senadores y diputados nacionales pertenecientes a las más diversas fuerzas políticas.

  La campaña ha logrado además la adhesión de figuras de prestigio internacional pertenecientes a los más diversos ámbitos,como Mario Vargas Llosa, Edgardo Buscaglia, Daniel Sabsay Juan José Campanella, Graciela Fernández Meijide, Anthony Giddens, Tonio Dell’Olio, David Held, Andreas Bummel, Daniele Archibugi, Keith Best, y Fernando Savater. Son también firmantes del petitorio y sostenedores de la campaña importantes instituciones de la sociedad civil mundial como la Coalición por la Corte Penal Internacional, AVINA, el Movimiento Federalista Mundial, la Comisión por la Carta Democrática Interamericana, FAPLA, la Fundación Federalista, INCIDE Social, Equilibrium Global y Libera. Por su parte, el director de la campaña, profesor Fernando Iglesias, ha participado de diversas actividades referidas a la misma en Santiago de Chile, Lima, Bogotá, y el Distrito Federal de Méjico.

   En las mismas se ha entrevistado con importantes figuras de la política, la Justicia, la academia y las organizaciones de la sociedad civil peruanas, chilenas, colombianas y mejicanas, encontrando en casi todas ellas una amplia receptividad para la propuesto de la creación de la Corte. Lamentablemente la carencia de fondos no ha permitido sostener estos contactos a través de la creación de oficinas y campañas en cada uno de esos países. Otra parte de la campaña ha comenzado a desarrollarse en el ámbito gubernamental. Durante este año, la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, ha convocado a los embajadores latinoamericanos a la Casa Rosada para notificarles el apoyo del Gobierno a la propuesta de la COPLA y convocar al resto de los gobiernos del continente a participar de su creación.

   Durante este año, también está prevista la presentación ante la comunidad jurídica y académica argentina, del proyecto de estatuto para la COPLA elaborado por el grupo Jóvenes Juristas por la COPLA. Durante 2017, se prevé la realización de un congreso de expertos de toda la región en Montevideo, Uruguay. Quienes trabajan diariamente en la campaña por la COPLA creen que la misma debería formar parte de la agenda de todos los ciudadanos latinoamericanos y de todas las organizaciones latinoamericanas preocupados por la integración regional y los derechos humanos.

   La visión de la geopolítica de la seguridad supera el enfoque insuficiente de la criminología crítica y de la gestión técnica en seguridad. Si la problemática de seguridad es política, por estar vinculada íntimamente a la evolución del Estado y a los indicadores de estatalidad, la centralidad se aleja del binomio delitos/delincuentes y se centra en el territorio.

   Dos fallos recientes de tribunales internacionales en 2013 llaman la atención por sus dispares resultados, pese a que en ambos casos sus decisiones tenían carácter vinculante para los Estados implicados. En un caso, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya decidió un conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua, favoreciendo a este último; sin embargo, el gobierno colombiano manifestó que tal fallo era inaplicable, argumentando que la Constitución Política colombiana solo permite que los límites fronterizos del país sean modificados mediante tratados internacionales (la Corte Constitucional colombiana avaló tal postura). En otro caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, atendiendo un recurso de una mujer condenada por delitos de terrorismo en España, decidió que se estaban violando los derechos a la igualdad y no discriminación de esa persona en la aplicación del beneficio de excarcelación; el Estado español cumplió el fallo y dejó en libertad a la mujer, pese al repudio generalizado. Estos dos casos demuestran conflictos entre el Estado-nación y la tendencia globalizadora del derecho. Pareciera que en materia de defensa del territorio como elemento del Estado, los Estados tratan de privilegiar su soberanía territorial por encima de los compromisos internacionales; por otro lado, en temas de derechos humanos se demuestra que la soberanía nacional cede ante el derecho globalizado, el cual asume un carácter desterritorializado. Durante las últimas 4 centurias el Estado se convirtió en el ente monopolizador de los siguientes procesos: a) El monopolio del uso de la fuerza sobre una población asentada en un territorio delimitado; b) El monopolio de la producción normativa de carácter jurídico o vinculante; c) El monopolio de la representación del interés general al interior, y la representación estatal al exterior como sujeto privilegiado del derecho internacional. Consecuentemente, la doctrina jurídica ha reconocido tres elementos básicos para la existencia del Estado-nación: 1) Un pueblo o nación; 2) Un territorio o espacio físico, y 3) Un poder político soberano. Finalmente, para el logro de sus fines o cometidos ontológicos y axiológicos, el Estado-nación ha ejercido de manera exclusiva y excluyente ciertas funciones básicas que implican el ejercicio de potestad o autoridad: funciones públicas legislativa, administrativa y jurisdiccional.

   La geopolitica durante los últimos tiempos ha generado una serie de cambios políticos, sociales y económicos a los cuales se ha acomodado la criminalidad organizada, sobre todo la internacionalización del mercado le ha permitido mover importantes cantidades de dinero y productos ilegales, además que le está facilitando grandes posibilidades de disolverlo en complicadas transferencias y escrupulosos “blanqueos”, lo cual sugiere, la existencia de una red de corrupción administrativa y policial a nivel nacional e internacional. El crimen organizado es un fenómeno que reacciona ante un Estado débil y una sociedad débil, pues sólo frente a una autoridad central frágil es posible la transnacionalización de las actividades criminales. Asimismo, representa una amenaza para la seguridad interna y para las sociedades constituidas democráticamente, lo cual se evidencia ante la continua pérdida de autoridad de los Estados Nación y, porque en las sociedades convencionales se está dando una creciente participación de éstas en los mercados ilegales, donde la criminalidad organizada consigue los recursos financieros para debilitar posteriormente las instituciones democráticas, ya de por sí frágiles, a través de la corrupción. No obstante, para Iglesias aunque la United Status Comisión on Prevention and Criminal Justice diga que “el crimen organizado internacional podría llegar a ser lo suficientemente poderoso como para imposibilitar el desarrollo social y económico, atacar la estabilidad de los gobiernos y reducir su capacidad para alcanzar las aspiraciones legítimas de los ciudadanos”, resulta exagerado vislumbrar la existencia de una amenaza determinante para el Estado y la economía, porque más bien lo que los grupos criminales organizados inquieren es, mayor rendimiento de sus operaciones, y cumplir con su jefe, independientemente de lo que suceda con el Estado. De tal manera, que la criminalidad organizada hace uso de procedimientos violentos y bárbaros no para desestabilizar un gobierno o un régimen institucional estatal, si no más bien se usa excepcionalmente para neutralizar a sus competidores o a los traidores de su organización. Entonces, el objetivo no es político, sino la maximización de las ganancias, y para ello tendrá que conectarse sigilosamente con la sociedad convencional para no ser detectado por las autoridades, ya que una criminalidad organizada reconocible es una criminalidad mal organizada

La Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Trasnacional Organizado (COPLA)

   La Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Trasnacional Organizado (COPLA) tiene como objetivo ser una institución de carácter complementario a los sistemas penales nacionales de los países miembros de la región y de nivel trasnacional. Su estatuto deberá ser ratificado por las constituciones nacionales de los países adherentes y los tratados internacionales preexistentes.

   La idea de los promotores es que “los actores políticos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía” formen parte de “la coalición latinoamericana y mundial que lucha contra el crimen organizado”. En esa línea, el norte es perseguir a las cúpulas de las organizaciones delictivas enfocadas en delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de activos, entre otros.

  Basado en la Convención de Palermo de la ONU del año 2000, la iniciativa de la ONG Democracia Global es una Corte Penal que se aboque “exclusivamente” a combatir a las asociaciones delictivas que actúan de forma regional. Se entiende por “crimen organizado trasnacional”, según el artículo 2 de la convención, a las estructuras que actúan en más de un Estado, de manera premeditada para cometer un delito con penas de más de cuatro años y compuesta por más de tres delincuentes.

   La idea es que esté basada en los principios fundamentales de la “complementariedad y la trasnacionalidad” de la Corte Penal Internacional (CPI). Ambas tienen como similitud la estructura a fin de que sean “una instancia que no reemplaza a los tribunales ordinarios” sino que actúa posteriormente. La CPI está compuesta por 123 países desde su creación hace 14 años, mientras que la iniciativa regional está abierta a todos los Estados de América Latina y el Caribe que deseen formar parte.

Similitudes y diferencias

   La corte con sede en La Haya juzga crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidios, así como también juzgó violaciones y prostitución forzada. En tanto, según su estatuto, COPLA buscará combatir delitos federales como “el tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la fabricación o el tráfico de armas de fuego, la trata de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes y de bienes culturales, el lavado de activos y el soborno trasnacional”.

   La CPI sólo puede imponer penas máximas de 30 años de prisión y, de forma excepcional, cadena perpetua. Mientras que COPLA prevé penas de 4 a 30 años para las delitos cometidos por las cúpulas de la criminalidad organizada de la región.  Un detalle característico de esta última es que el delincuente deberá “cumplir su pena en un país diferente al de origen sobre la base de un listado de los Estados miembro que aceptaron recibir condenados”.

   En cuanto a su composición estructural, la entidad latina prevé que cada Estado miembro aporte un juez, un fiscal, y que ponga a disposición a una fuerza de seguridad (por ejemplo, el Grupo Halcón) y una cárcel federal como puede ser el penal de Ezeiza.

   Según el Estatuto de Roma que rige en el organismo que funciona en Holanda, el tribunal está compuesto por 18 magistrados y desde el año pasado su presidente es la jueza argentina Silvia Fernández de Gurmendi. Entre ellos hay miembros de los cinco continentes, diferente a lo propuesto en COPLA  la cual estaría integrada por países caribeños y latinos. En ambos tribunales, los delitos que castigan son imprescriptibles.

   En tanto, el tribunal que resolvió el conflicto entre Argentina y Uruguay por la pastera Botnia, está formado por la Presidencia, la División de Prejuicio, la Oficina del Fiscal y el Registro. Mientras que no puede haber dos jueces de la misma nacionalidad y ellos se encargan de elegir al Presidente, mientras que el Fiscal es elegido por votación secreta por la Asamblea de Estados partes. En la iniciativa del tribunal latinoamericano, se prevé a 30 países como posibles miembros, designados con el mecanismo con el cual designan a los integrantes de las cortes supremas de Justicia de cada país.

   El cargo será de “dedicación exclusiva, independiente, de 7 años de duración y sin reelección”.  En tanto, la elección de los miembros del nuevo organismo judicial, se deberá buscar un acuerdo ratificado y aprobado por la mayoría simple del Congreso. En tanto, también se prevé designar a 10 defensores oficiales con un mandato de 9 años, elegidos por el voto secreto y por la mayoría absoluta de los miembros de la entidad.

“FBI Latino”

   Una de las nuevas medidas para combatir la delincuencia organizada a la que apunta el nuevo organismo, es la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen Organizado, la cual compartirá  información e inteligencia privilegiada de los procesados entre los Estados miembro.

   La idea es que la Corte brinde un sistema de monitoreo de la situación de la región sobre los diferentes tipos de delitos así como el accionar de las cúpulas delictivas para una correcta y efectiva investigación.

   En tanto, se prevé crear un régimen de protección de testigos, víctimas, peritos y querellantes a disposición de todo aquel que lo solicite a la nueva entidad regional. La protección estará vigente desde el inicio del proceso y hasta 10 años después de ejecutada la sentencia. También se vaticina la elaboración de un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de los crímenes que COPLA juzgará.

CONCLUSION

   Como resultado de la investigación realizada, se pudo observar que en lo relativo a la Geopolítica Penal en Latinoamérica han existido avances para la implementación de una CORTE PENAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE (COPLA), que busca un ordenamiento jurídico entre los Estados para  controlar los delitos, en este sentido, los individuos que se encarguen de cometer delitos serán detenidos por una policía única de Latinoamérica, que será responsable y cumplirá los requerimientos necesarios para presentar a dichos individuos ante la corte penal.

   Por otro lado es importante que los Estados tomen conciencia y acciones pertinentes respecto a esta problemática, y así bajar los recursos que sean necesarios para complementar el proceso de esta corte penal, así mismo como bajan los recursos en otras organizaciones. Cabe acotar que específicamente en Latinoamérica, en los últimos tiempos, el crecimiento de los delitos son cada día más frecuentes, es por ello que la prevención y el control de los mismos, beneficiarían a los a Estados hasta en su propia economía.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Miguel Angel  Barrios: Profesor en Historia y Magister en Sociología. Doctor en Educación. Doctor en Ciencia Política. 

Ha escrito obras de investigación entre las que se destacan "Diccionario Latinoamericano de Seguridad y Geopolítica” (Director), "Consejo Suramericano de Defensa: desafío geopolítico y perspectivas continentales" y "Seguridad ciudadana: de lo municipal a lo Continental". 

Profesor en la Licenciatura en Seguridad en la Universidad de Morón y creador de la cátedra de Seguridad ciudadana en la Universidad del Salvador. Dicta Seminarios y cursos a academias policiales de América Latina y es consultor en políticas públicas de Seguridad.

 Norberto Emmerich: Doctor en Ciencia Política y Licenciado en Relaciones Internacionales.

Ha escrito “Una teoría política para el narcotráfico”, “Geopolítica del narcotráfico en América Latina” y “Narcos en Buenos Aires: el caso de la villa 31”.

Profesor de “Seguridad Ciudadana” y “Política Criminal” en la Licenciatura en Seguridad y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

Fue Decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador y Coordinador General de Investigaciones en la misma Universidad.

LA CORTE PENAL LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE CONTRA EL CRIMEN TRANSNACIONAL ORGANIZADO. UNA PROPUESTA  INSTITUCIONAL REGIONAL PARA UN PROBLEMA DE TODA AMÉRICA LATINA por Fernando A. Iglesias

http://industrial.frba.utn.edu.ar/MATERIAS/proyecto_final/archivos/compras_terlevich.pdf